Excluir a los menores de edad es una decisión de producto.

Para un desarrollador independiente o un equipo pequeño, incluir a menores de edad como usuarios parece inofensivo. El producto puede ser educativo, pensado para mayores de 16, o sin ninguna relación aparente con la edad. El problema aparece cuando esa decisión se cruza con la ley.

Las normas que protegen a menores son variadas y estrictas. En Estados Unidos se exige consentimiento verificable de los padres para menores de 13 años. En la Unión Europea el umbral llega a 16 años según el país. En el Reino Unido, el código de diseño para menores alcanza a cualquier servicio que probablemente usen personas de menos de 18, aunque no esté pensado para ellas. A eso se suman controles parentales, políticas adaptadas y, en las tiendas, programas específicos con reglas propias sobre anuncios y datos.

Las tiendas empiezan a ayudar en la otra dirección. Google Play ofrece señales de rango de edad que la aplicación puede usar para restringir el registro o ciertas funciones. En algunas jurisdicciones, actuar sobre esas señales ya es una obligación del desarrollador, no una opción.

Si los adolescentes no son la mayoría del público objetivo, dejarlos fuera reduce costos legales y de desarrollo sin perder a los usuarios que sostienen el producto. La exclusión tiene que ser real. El producto se declara para mayores de 18 en la tienda y en los términos, y el acceso se bloquea cuando la plataforma indica que el usuario es menor.

Cada producto tiene su público y sus excepciones. Vale la pena confirmar los requisitos en detalle porque pueden variar según el país y cambian con frecuencia. Lo constante es que incluir menores es una decisión con costo, y conviene tomarla de forma explícita.